Desde que asumió la banca del Ministerio del Interior, la imagen de Izkia Siches estuvo inmersa en un mar de controversias. Pero la gota que rebalsó el vaso fueron los desafortunados dichos contra Rodrigo Delgado sobre la situación de los venezolanos expulsados. Por este motivo el Partido Republicano este 15 de junio realizó una contundente acusación constitucional contra la funcionaria, quien, según el informe presentado ante la Cámara de Diputados, habría infringido en la ética de la Nación. Asimismo, en las últimas horas se dio a conocer una noticia que no favorecería a la cuestionada jefa de gabinete.
Es que, en este contexto, el recinto de parlamentarios sorteó a los integrantes de la comisión que llevará a cabo el análisis de los siete capítulos del documento que conlleva las acusaciones hacia Izkia Siches. De este modo, la Comisión Revisora quedó integrada por los congresistas Christian Matheson, María Candelaria Acevedo, Natalia Romero, Fernando Bórquez y Christian Moreira. Sin embargo, el azar no benefició en lo más mínimo a la mandataria, pues el grupo que la va a juzgar consta de políticos opositores al gobierno de Gabriel Boric. Tal es así que su compañera de gestión, la diputada Acevedo, describió a esta determinación como "poco seria".
Desde el oficialismo salieron a manifestar su punto de vista en cuanto a este peculiar sorteo. Ante esto, Acevedo sostuvo: "Previamente considero que este libelo no cuenta con los fundamentos necesarios, tanto así que ni siquiera en su sector político cuenta con un total respaldo”. Es por ello que la representante del Distrito 20 calificó a esta medida como una "movida política" con el objetivo de desprestigiar la imagen de Izkia Siches, corriendo de lugar los cambios positivos que están atravesando los pueblos gracias a las políticas públicas implementadas desde el 11 de marzo. "No solo se ha puesto énfasis en la seguridad, sino que también se está desplegando el plan Buen Vivir”, aseguró.
Por otra parte, uno de los ítems que deberá afrontar Izkia Siches es la acción de "comprometer gravemente el honor y la seguridad de la nación y dejar sin ejecución la Constitución y las leyes". Finalmente, la resolución por la cual se la imputa a la titular del Interior entrará en una cadena de sucesos de actualidad donde deberá mantenerse al margen de las coyunturas políticas que atraviesa el país; una fina línea entre las políticas de Estado y los comportamientos particulares de una ministra abatida por el hostigamiento de los medios de comunicación, el sector opositor y la opinión pública.